El Blog De Tijuana

23 más buscados

Dos decenas de nombres integran la lista de delincuentes dedicados al secuestro y homicidio sobre quienes la Procuraduría Estatal, a cargo del fiscal Rommel Moreno, está fincando responsabilidad penal y solicitando órdenes de aprehensión. Algunos de ellos llevan más de 10 años delinquiendo sin que a la fecha exista un proceso judicial en su contra.

Investigaciones ZETA

En coordinación con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la Procuraduría del Estado está elaborando la nueva lista de los más buscados en Baja California.

Esta vez no se trata sólo de colocar fotografías en espectaculares; detrás de cada nombre e imagen, los abogados de la fiscalía están integrando acusaciones, la mayoría relacionadas con secuestros y crimen organizado. Actualmente trabajan en la incorporación de homicidios en los expedientes.
De hecho ya empezaron a solicitar órdenes de aprehensión.

Por instrucciones del Procurador Rommel Moreno Manjarrez, retomaron la información de cinco células delictivas que han operado criminalmente en el estado, entre marzo de 2003 y enero de 2010, y que a raíz de las diferentes capturas se han reestructurado en diversas ocasiones, pero que de acuerdo a lo informado por los últimos detenidos, siguen activas.

En todas las células criminales aparecen delincuentes capturados y consignados, se retomaron sus declaraciones y de ser necesario se ampliarán. “Hay que armar los vínculos”, explicó el Procurador, para obtener mayores datos respecto a los criminales prófugos.

“Pero tenemos un número sustancial de expedientes y tenemos que integrar”.

Así, después de años de carrera delictiva, un grupo de presuntos criminales conocidos finalmente serán señalados y buscados como supuestos responsables de delitos.

El listado está encabezado por nombres surgidos al interior del cártel Arellano Félix en los noventa, algunos sucesores y lo que queda de los traficantes que servían a Teodoro García Simental.

1.- Manuel Aguirre Galindo “El Caballo”.
2.- Jorge Briseño “El Cholo”.
3.- Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.
4.- Juan Francisco Sillas Rocha “El Rueda”.
5.- Armando Villarreal “El Gordo”.
6.- Paúl Salomón Sauceda “El Paúl”.
7.- Héctor Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho”.
8.- Jesús Israel de la Cruz López “El Tomate”.
9.- José Rafael Méndez Gutiérrez “El Güero Jícama”.
10.- Paúl Rodríguez Palacio “El Mateo”.
También fincarán cargos a dos presuntos delincuentes señalados por las autoridades de Estados Unidos.
11.- Edgardo Leyva Escandón.
12.- Fernando Ávila Valenzuela.

Y de segundo y tercer nivel en el organigrama del CAF también están judicializando los procesos en contra de:

13.- Francisco Javier Vázquez Morales.
14.- Ricardo Gueto Santos.
15.- Óscar González Urbina.
16.- Rogelio Valencia Mendoza.
17.- Víctor Manuel Meza Estrada.
18.- Lorena Castañeda Moreno.
19.- Korando Quintero Madrid “El Kora”.
20.- José Rosario Bon Cabrera.
21.- José Carlos Chávez Vernanza.
22.- Robert Mc Murray.
23.- Juan Diego Alcaraz Muciño “El Yeyo”.

Los primeros

Aguirre Galindo y Jorge Briseño pertenecen a las primeras escalas del CAF y los cargos son por delincuencia organizada. Del primero se sabe que reside en San Diego, California, y no cruza al lado mexicano. Del segundo, la SIEDO ha obtenido dos declaraciones donde delincuentes hablan de su muerte: Una en la que Pedro Ignacio Zazueta, alias “El Pit”, capturado en 2008 afirma que le disparó pero no lo vio morir; y otra donde un traficante de menor nivel asegura que fueron sus cómplices, quienes delinquían para él, quienes lo mataron destrozándole la cabeza con unas pesas, en su casa.

Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” ha sido señalado como jefe de varias células detenidas y consignadas por secuestros u homicidios que afirmaron haber perpetrado por órdenes de Sánchez.

Además, conforme declaración de un testigo protegido que no recuerda la fecha exacta pero dijo fue en el año 2004 cuando “El Tigrillo” le presentó a Fernando Arellano Félix y/o Fernando Eduardo Arellano Félix alias “El Ingeniero” y/o “El Alineador y/o “El Ajustado” y/o “Fernandillo”.

“Y me dice, cuando esté fuera, tú tienes que estar a cargo de ‘El Ingeniero’”.

Ya que como Javier Arellano se ausentaba mucho de Tijuana, “El Ingeniero” asumía el control y jefatura de la organización de los Arellano Félix”. El mismo hombre explica que tras la detención de Javier Arellano Félix “El Tigrillo” en 2006, quedó “… al mando y como único cabecilla, jefe líder de la organización El Ingeniero” de quien, agregó, se parece mucho a Benjamín Arellano.

Los mismos detenidos que delataron a “El Ingeniero” mencionaron como su jefe directo a Juan Francisco Sillas Rocha “El Rueda”: Los primeros, unos matones a sueldo detenidos por el atentado contra policías municipales cometido el 17 de octubre de 2009 en el bulevar Lázaro Cárdenas en Tijuana; después, los criminales capturados por secuestrar una joven universitaria que estudia en San Diego; 10 sicarios capturados el 10 de febrero por el Ejército Mexicano; y el 18 de febrero, los cuatro detenidos por el secuestro de Diana López Uriarte, hermana de Raydel López Uriarte “El Muletas”.

Adicionalmente está implicado en la investigación de dos balaceras ocurridas el 6 y 9 de noviembre de 2009. De estas células, los detenidos han proporcionado apodos y descripciones de 31 cómplices más que están prófugos.

Armando Villarreal “El Gordo” ha sido mencionado en declaraciones de delincuentes como líder de célula y operador en el trasiego de droga. Sin embargo en la PGJE están integrando su presunta responsabilidad por los delitos de secuestro y robo de cajeros.

José Rafael Méndez Gutiérrez “El Güero Jícama” y Paúl Rodríguez Palacio “El Mateo” fueron identificados como cabezas de grupos dedicados al secuestro entre 2007 y 2008 y desde entonces son los procedimientos que se les están acreditando.

Como parte del grupo de “El Ingeniero” también describieron a “El Gordo”, “El Piwi”, “El Chiricua” y Rodolfo “El Apache”, “El Micky”, “El Güero”, “Juan Querendón”, “El Cabezón” y “El Licenciado”.

A Paúl Salomón Sauceda “El Paúl”, Jesús Israel de la Cruz López “El Tomate” y Héctor Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho” les fincaron cargos por privaciones, secuestros y atentados, como parte del grupo de “El Tres”.

Paúl promovió un amparo en diciembre pasado para impedir ser detenido. De acuerdo a la documentación del caso en integración, de su grupo continúan también en libertad ocho presuntos delincuentes identificados por apodos “El Bebé”, “El Max”, “El Pepo”, “El Cochi”, “El Charly”, “El Chaparrito”, “El Bombón” y “El Sairus”.

“El Güicho” es el único que sigue enfrentando sus grupos a los de Juan Sillas, según reportes de las áreas de inteligencia que agregaron “pero está muy mermado, no tardan en ponerlo”.

Fernando Ávila Valenzuela aparece como parte del cartel publicado por la DEA donde es señalado por ser integrante del CAF al servicio de Fernando Sánchez Arellano. Y Edgardo Leyva Escandón es propietario del barco en que fue detenido “El Tigrillo”, aquí se le busca por delincuencia organizada.

Empleados criminales

A Francisco Javier Vázquez Morales y Ricardo Gueto Santos los tienen identificados como parte del grupo de Jorge Briseño que después delinquió con Francisco Manzo Morán “El Negro”, ex ministerial actualmente procesado por homicidios y secuestros.

Ligados con Villarreal, también están empapelando a Víctor Meza, Rogelio Valencia, Lorena Castañeda, Óscar González, a una mujer identificada como Lisandra y cinco sujetos bajo los apodos de “El Pájaro 9-25”, “El Tiko 9-14”, “El Puma”, “El Pájaro” y “El Tucán”, para este grupo integrado originalmente por 30 personas, la acusación es específica, un secuestro realizado el 22 de mayo de 2008

En aquella ocasión, los integrantes de un comando privaron de la libertad a un hombre en la delegación La Mesa en Tijuana, lo numeroso y sospechoso de los autos provocó una persecución de la policía municipal que culminó con la detención de tres de los plagiarios que se quedaron rezagados mientras sus cómplices huyeron con la víctima.

Korando Quintero Madrid “El Kora”, José Rosario Bon Cabrera, José Carlos Chávez Vernanza y Robert Mc Murray, fueron relacionados a la célula delictiva de Manuel Ivanovich Zambrano Flores “El Jimmy”.

Este narcotraficante fue detenido por policías federales con oficiales de Estados Unidos como testigos, el 7 de agosto de 2009 en un taller de la zona centro de Tijuana. Prometió dinero, amenazó y terminó ofreciéndose como testigo.

Aunque el nombre de José Carlos Chávez Vernanza se ha mencionado en otras ocasiones por gozar de presuntos vínculos con el crimen organizado, de la protección pagada de los ministeriales que trabajan en la PGJE y del favor del FBI porque colabora con ellos como testigo protegido, en la documentación de la PGJE indican que Chávez Vernanza es un apodo. En las mismas condiciones, como sobrenombre está identificado Robert Mc Murray.

En el caso de Korando Quintero Madrid “El Kora” resalta el hecho que tiene los mismos apellidos que Feliciano o Rubén Quintero Madrid, identificado desde finales de los noventa como asesino al servicio de Arturo Villarreal Heredia y responsable de varias ejecuciones en nombre de “El Tigrillo”. A esta célula delictiva también la relacionan con el secuestro del 22 de mayo.

Las indagatorias también incluyen como responsables a cuatro hombres apodados “El Pollo”, “El Camarón”, “El Jorge”, y “El Chory”, de quienes hay una descripción física y sus delatores manifestaron estar dispuestos a identificar.

Este trabajo judicial que por fin se da en la PGJE con delincuentes prófugos, se enmarca en un cambio de estrategia operativa también al interior del CAF.

Traficantes detenidos e interrogados recientemente han afirmado que la orden es tranquilidad, que el grupo de los Arellano está fortalecido económicamente y no quiere problemas; afirman que sus jefes ya acordaron con las autoridades que si agarran a alguien se lo llevan y ni modo, pero que le bajen a embestida, que no hay dinero de por medio.

Pero para evitar ser molestados, lo que han hecho en el CAF es denunciar a los grupos opositores que están usando el estado sin pagar piso como aseguran está haciendo el Cártel de Sinaloa, así mantienen ocupadas a las autoridades que pueden seguir presentando decomisos y detenciones.

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Labores de inteligencia de la Policía Estatal Preventiva (PEP) resultaron en la detención de tres integrantes de una de las células delictivas de Juan Sillas Rocha, uno de los principales operadores del cártel Arellano Félix.

Andrés Armas Lavenant, de 18 años de edad, José Alberto Fajardo Meza, de 23, y Arturo Gómez Herrera, también de 23 años, fueron detenidos cuando circulaban con exceso de velocidad a bordo de un auto Honda Prelude sin placas por la calle Vientos Alisos de la Colonia Gas de Tijuana, la madrugada del miércoles 28 de abril.

Al percatarse de que habían sido detectados por los agentes policiales intentaron darse a la huída, pero fueron abordados unos metros adelante.

La captura no se dio por la suerte de los agentes, fue la culminación de trabajos del Equipo de Inteligencia de la PEP que tenían en la mira a los ahora detenidos desde la captura de un grupo de sicarios de José Ángel Flores Ayala “El Pepe”, el 11 de febrero de 2010.

Los detenidos del 28 de abril no opusieron resistencia ni agredieron a los agentes estatales a pesar de que llevaban escondidos en sus ropas dos rifles de asalto cargados: un calibre 7.62 x 39 abastecido con 72 tiros, y un colt AR-15 calibre .223 con 25 tiros.

Entre sus pertenencias también escondían dos cargadores con capacidad para 30 tiros y un cargador de disco con capacidad para 100 tiros. Asimismo se les incautaron 700 gramos de crystal y 490 gramos de marihuana, empaquetados en bolsas pequeñas de plástico para su venta al menudeo.

Los detenidos, las armas, drogas y el vehículo fueron turnados a la Procuraduría General de la República.

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PGJE: Ahora va por
“El Ingeniero”

* Personal del Procurador del Estado, Rommel Moreno, trabajan en la consignación de 25 miembros del cártel Arellano Félix, incluido Fernando Sánchez Arellano y Juan Sillas Rocha, por delitos como secuestro y ejecuciones.

* Detenido Teodoro García Simental en enero de 2010, el Fiscal asegura, “Ahora vamos por ‘El Ingeniero’”.

* Una evidente filtración, sea en la Procuraduría o en los Juzgados Penales, alertó del trabajo de la Procuraduría a uno de los lugartenientes del cártel, y ya pidió el amparo de la justicia.

* Luego que Mario Alberto Herrera, de Rosarito, fuera detenido, confesó a la autoridad que su hermano Karlo Omar ya estaba en prisión pero con otro nombre. Y a pesar que las armas encontradas a este hombre aparecen como utilizadas en 20 Averiguaciones Previas, no le pueden fincar responsabilidad por delincuencia organizada.

Investigaciones ZETA

Rommel Moreno Manjarrez, el Procurador General de Justicia de Baja California, conserva el impulso de las detenciones en enero y febrero de 2010, de miembros del crimen organizado de Tijuana, aprehendidos por el Ejército y la Policía Federal en Baja California Sur.

Ahora, y lo dice tajantemente y de frente: “Es la intención de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ir tras ‘El Ingeniero’", en clara referencia a Fernando Sánchez Arellano, actual líder identificado del cártel Arellano Félix.

A finales de 2009, aquí mismo en ZETA, Moreno Manjarrez había declarado cómo estaban tras la pista de Teodoro García Simental, quien semanas después sería detenido en La Paz, Baja California Sur.

Hoy por hoy, informó el Procurador Moreno, el trabajo de la Fiscalía que él representa se concentra en judicializar los casos contra criminales identificados públicamente como tales, y señalados en expedientes como los autores intelectuales de delitos diversos del crimen organizado como secuestros, trasiego de droga y ejecuciones.

Por lo pronto en la Unidad de Homicidios, y en la Subprocuraduría contra Delincuencia Organizada, encabezada por Fermín Gómez, la tarea es sólo una: Consignar a Juzgados Penales para solicitud de orden de aprehensión, a 25 miembros del cártel Arellano Félix al servicio de Fernando Sánchez Arellano.

De ese total de 25 presuntos delincuentes, uno de ellos, Juan Sillas Rocha, solicitó recientemente un amparo en Hermosillo, Sonora contra la acción de la justicia en Baja California.

Rommel Moreno Manjarrez informó a ZETA que también está siendo consignado Fernando Sánchez Arellano, “el objetivo es tener las órdenes de aprehensión para cuando sean detenidos no tengan la oportunidad de salir en libertad”.

Por lo pronto el equipo de Fermín Gómez, revisa las Averiguaciones Previas que se integraron a partir de ejecuciones, secuestros y detenciones de criminales al servicio del CAF, para determinar en cuántas y por cuáles delitos son acusados Sánchez Arellano, Sillas Rocha y 23 personas más, ligadas al narcotráfico entre Baja California y los Estados Unidos.

Aseguró el Procurador Rommel Moreno, que el trabajo de consignación va avanzado en un 50 por ciento, que de hecho algunos casos ya han sido enviados a los Juzgados y sólo se espera que el Juez otorgue la orden de aprehensión.

La idea de judicializar los casos consignados en las Averiguaciones Previas, aun cuando es obligación de la parte investigadora, de homicidios y de crimen organizado en la Fiscalía, surgió a partir de detenciones –entre 2008 y 2010– de importantes de miembros del CAF, y de la célula de Teodoro García Simental, como Raydel López Uriarte “El Muletas”, Filiberto Parra Ramos “La Perra”, Luis Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”, Gilberto Sánchez Guerrero “El Gil”, Manuel Núñez López “Don Balas”, quienes luego de ser aprehendidos debieron ser arraigados porque ni la Procuraduría del Estado, menos la General de la República, tenían órdenes de aprehensión en su contra.

Ante ese precedente, el Procurador de Baja California, ha cambiado la estrategia al interior de su equipo investigador: Consignar a los señalados criminales del cártel Arellano Félix, para con orden de aprehensión en mano, obligar al resto de las corporaciones a su persecución y detención.
Por eso señaló seguro Rommel Moreno Manjarrez: “Es la intención de esta Procuraduría, ir tras ‘El Ingeniero’”.

“El Sillas” pide amparo

Apenas la Procuraduría General de Justica del Estado solicitaba una orden de aprehensión contra Juan Sillas Rocha, cuando los abogados del presunto criminal ya tramitaban el amparo.

La Procuraduría lo busca como parte de la investigación iniciada el año pasado pero formalizada la segunda semana de febrero de 2010, cuando la policía ministerial capturó a cuatro integrantes de una célula criminal que presuntamente trabaja para Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.

Los detenidos que manifestaron delinquir para “El Sillas”, revelaron haber participado en algunos homicidios y alrededor de 15 secuestros, incluido el de Diana López Uriarte, hermana de Raydel López Uriarte “El Muletas”. Por ese asunto se solicitó la orden de aprehensión contra Sillas, sin embargo el Juez no la ha concedido, mientras en la Procuraduría sólo atinan a comentar: “No sabemos cómo se enteró, pero sabemos que pudieron avisarle de la Procuraduría o de los juzgados”.

La respuesta legal de Sillas fue rápida, el 11 de marzo los licenciados Luis Ernesto Medina Jacobo y Miguel Ángel Zavala Espinoza, iniciaron el procedimiento en busca de la suspensión de una orden de aprehensión, mediante el juicio de amparo 251/2010.

El amparo lo solicitó contra las acciones de todos los jueces penales de primera instancia en Tijuana, y el personal de la Procuraduría del Estado en Baja California y el de Sonora, sus policías ministeriales y estatales preventivas. Específicamente tres agentes ministeriales de apellidos Suárez, Aguilar y Silva.

Sillas se dice afectado y reclama a las Autoridades del Poder Judicial de Baja California “la ilegal Orden de Aprehensión librada en mi contra, sin que para ello se hayan reunido los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El artículo especifica que nadie puede ser molestado en persona, familia, domicilio o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”.

Fundamenta su reclamación en que a las siete de la mañana del 7 de marzo en su casa ubicada en Hermosillo, Sonora, agentes estatales de Sonora, Preventivos e Investigadores, realizaron un operativo, cerraron la calle y fueron a un domicilio ubicado a 50 metros de su casa, buscando a un hombre de apellido Sillas y apodado “Ruedas”.

Explicó que un vecino le avisó y como sintió temor de ser privado de la libertad ilegalmente, salió de su casa por la parte superior y se escondió durante 24 horas en el sótano de la casa de un compadre. Su esposa le informó que después, los agentes también habían entrado a su casa sin orden de cateo, se quedaron siete horas y al irse dejaron patrullas para esperarlo y aprehenderlo. Afirmó que el director de la Policía Estatal Investigadora de Sonora iba acompañado de funcionarios bajacalifornianos, los subprocuradores de secuestros y crimen organizado, un comandante de la policía ministerial y tres agentes.

Finalmente Juan Sillas refiere que durante 17 años se ha dedicado a la compra de ganado y venta de carne al público en general y que “no he cometido ninguna acción dolosa, omisiva, permisiva, que sea relevante para el derecho penal”. En la procuraduría confirmaron la solicitud de orden de aprehensión, pero negaron haber solicitado o participado en el operativo que el sospechoso asegura se desarrolló en Sonora el 7 de marzo.

Curiosamente, la sucursal del negocio de Sillas en Tijuana, está en la colonia Marrón, entre calles Cuauhtémoc y Río Suchiate. Justo detrás del edificio de Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana.

Captura de Mario Herrera

Al ser capturado, Mario Alberto Herrera manifestó que no participó en el atentado contra el capitán Eduardo Montero en diciembre de 2007, pero que debió renunciar a la policía en 2008 porque lo señalaron como sospechoso, y que fue hasta agosto de 2009 que se integró en actividades criminales.

Dijo que mientras estuvo en la policía de Rosarito (2005-2008) su única colaboración con el crimen organizado fue “retirarse de lugares” cuando su compadre Andy Arce Ángulo (ejecutado en julio de 2009) le marcaba al teléfono para decirle que se abriera porque “El Gordo” Villarreal andaba en alguna zona del quinto municipio bajacaliforniano.

Aseguró que perdió sus contactos con el cártel al morir Arce, porque “El Gordo” le habló y lo citó en el bar Foxpro, pero no acudió.

Herrera dijo que su único contactó al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de Rosarito era el subjefe, Fernando Cejas Macías, detenido el mismo día. El traficante también detalló que la recepción de droga en la costa inicia a las 11 de la noche, la policía municipal sólo le daba “la atención” de las cinco a las seis de la mañana del día siguiente, cuando transportaba por tierra los cargamentos a Tijuana.

Ceja Macías había sido señalado el año pasado como servidor del crimen organizado en la investigación que siguió a la captura del sicario y ex agente, Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil”.

En el parte informativo que reporta la aprehensión, se indica que alrededor de las seis de la tarde del sábado 10 de abril, dos agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron interceptados por una mujer.

Ella les denunció que en camino viejo a Pemex esquina con calle General Guadalupe Victoria colonia Lienzo Charro en Rosarito, “se encontraban dos sujetos del sexo masculino pasando paquetes de droga de una lancha a una camioneta color negro”.

Pidieron apoyo de los elementos de la Segunda Zona Militar y se presentaron en la dirección indicada, al llegar encontraron a dos hombres a un lado de los vehículos mencionados: “…cada uno sostenía un paquete de regular tamaño de forma cuadrada y rectangular de color café, por lo que se les indicó que colocaran en el piso los paquetes”.

Al ser revisados, a Mario Alberto Herrera le encontraron fajada en la cintura a la altura de la espalda una pistola calibre .45 con un cartucho útil en la recámara, y dos licencias de conducir oficiales, una expedida por el estado de Baja California, otra por el gobierno de Arizona en Estados Unidos, ambas a nombre de Daniel García Garibay pero con su fotografía.

En el interior de la Explorer negra encontraron una bolsa Ziploc con mariguana y un chaleco antibalas, en la lancha localizaron dos paquetes cuadrados color café y uno color metálico

El hombre detenido junto a Herrera dijo llamarse Arturo Macías López, la misma versión dio a los policías estatales y a los soldados. Al ser inspeccionado, le encontraron fajada por la espalda una pistola calibre .9 milímetros también sólo con un cartucho útil en la recámara.

“Pero al día siguiente supimos que era hermano de uno de los hombres detenidos por los soldados el 14 de marzo en una casa de seguridad de Rosarito mientras mantenían privado de la libertad a otro miembro de la banda porque Herrera creía que lo había traicionado provocando que le ‘robaran’ un cargamento de droga”, explicó uno de los investigadores. Como parte de la información que proporcionó el mes pasado Francisco Antonio Soberanes al ser detenido, identificó a su hermano Ernesto Soberanes Niebla “El Pio”, de quien afirmó “…forma parte del grupo delictivo de Mario Herrera”.
De acuerdo a los primeros indicios de la autoridad Arturo Macías es Ernesto Soberanes.

Extraoficialmente al interior de la Policía Estatal Preventiva la información es distinta y tiene que ver con una supuesta orden dada a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado “ir por el Ingeniero y su gente”.

Desde el 14 de marzo, tras la detención de sus cómplices, las áreas de inteligencia estaban buscando a Mario Herrera, el sábado lo ubicaron en Tijuana, para sustentar su captura existía una orden de “localización y presentación” emitida por el Ministerio Público de la Federación de la Mesa VI.

Pero la instrucción era detenerlo en Rosarito, porque ahí era donde trabajaba y podrían encontrar elementos incriminatorios. Un pequeño grupo encubierto lo siguió hasta la entrada de privada donde fueron detenidos, por seguridad no ingresaron, pidieron apoyo de los militares para concluir la captura.

Aunque sus cómplices aseguraban que movía cargamentos de dos y tres toneladas, y que en los últimos seis meses habían descargado para él más de 48 toneladas, al ser aprehendido, sólo estaba en posesión de seis paquetes con 37.30 kilogramos de la droga y una bolsa con 480 gramos. “Al parecer era la parte que le correspondía en pago por el movimiento del enervante”, indicó un investigador.

Fue precisamente Mario Herrera quien informó a las autoridades locales y militares que su hermano Karlo Omar ya estaba encarcelado. Y son los hechos que rodean la captura de su fraterno, los que contradicen las declaraciones de inocencia de “El H” y vinculan a la célula criminal en más de 20 ejecuciones perpetradas entre 2008 y 2009.

Karlo Omar o Javier Miguel

Karlo Omar Herrera Sánchez ingresó a “El Hongo” el 15 de octubre de 2009, como protagonista de una balacera ocurrida a las 11:50 horas del viernes 24 de julio del mismo año, en las calles Fresno y Capulín de la colonia Praderas de La Presa en la Delegación Cerro Colorado.

Los reportes policiacos indicaron que en el lugar quedaron dos hombres muertos, uno dentro y otro fuera de una camioneta Grand Cheeroke Jeep Laredo gris. Indicaron que en el mismo hecho, otro hombre que iba en el lugar del conductor, quedó herido y fue trasladado a un hospital, era Karlo Omar pero dijo llamarse Javier Miguel López García.

Este asunto ya había sido informado a las autoridades desde el 14 de marzo, por Víctor Hugo Ángulo Melesio “El Hugo”, quien declaró haber conocido a Mario Herrera: “… un año atrás cuando bautizó al hijo de su primo Andy Arce Angulo, quien fue asesinado hace aproximadamente siete meses por un grupo de individuos armados. Y que éste, le comentó: “…cuando fue asesinado su compadre Andy Arce fue lesionado su hermano (Karlo Omar)”.

ZETA preguntó en la Procuraduría y Secretaría de Seguridad del Estado respecto a la muerte de Arce y la lesión de Herrera, pero no tenían registrados antecedentes del enfrentamiento a tiros, de la muerte de uno, o la aprehensión del otro.

En la balacera de Paraderas donde quedó herido el ex policía, los agentes decomisaron cinco armas largas calibre 7.62×39, 23 cargadores para calibre 7.62×39 y 773 cartuchos útiles del mismo calibre.

Gracias a testigos, la policía municipal también pudo detener a José Antonio Ayala, quien había sido herido en el auto, pero consiguió ayuda de sus familiares que lo habían trasladado a la clínica Uno del IMSS. Ahí fue capturado.

El 28 de julio de 2009, el agente del Ministerio Público de la Federación en Baja California obtuvo en AP/PGR/BC/TIJ/1995/09 contra José Antonio Ayala Torres y/o José Antonio Ayala Flores y Javier Miguel López García la orden de arraigo 319/09 por 40 días del Juez Quinto Federal Penal Especializado.

Acusado por el delito de “delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos” entró al Centro de Readaptación social de “El Hongo” hace seis meses, donde está registrado como indiciado en un proceso abierto del fuero federal y considerado un interno de seguridad media.

De acuerdo a la investigación que se sigue en su contra, la autoridad no pudo acreditar el delito de delincuencia organizada contra Karlo Omar, a pesar que las armas que llevaban consigo el ex policía y sus dos compañeros fallecidos, están incluidas en 20 actas de averiguaciones previas por asesinatos, 13 de ellos cometidos durante el año 2008, 11 indagatorias se iniciaron en Tijuana y en Rosarito, incluida la del homicidio del subjefe de policía Tomás Cárdenas Villalobos, el 4 de abril de 2009.

Conforme a la documentación procesada por la PGR, desde el 22 de octubre de 2009 se refieren al ex agente como, Javier Miguel López García y/o Karlo Omar Herrera Sánchez, sin embargo la información no fue proporcionada ni al estado ni al los militares.

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Más criminales de Sánchez

El 1 de abril, en un operativo desarrollado por la Policía Estatal Preventiva en la colonia Los Álamos en Tijuana, fue rescatado un comerciante, tras más de 15 minutos de enfrentamiento a balazos, el criminal de nombre Maximino Ramírez Lerma fue muerto en el lugar y Ricardo Benítez Payan detenido. En su declaración admitió servir a Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”. A su actual jefe, sólo lo conocía con el apodo del “El Piti”, pero desde hace seis años estaba integrado al crimen organizado, pero en aquel tiempo trabajaba en un taller mecánico, localizado en la colonia Matamoros por la plaza El Tigre, el cual era propiedad de Filiberto Parra Ramos “La Perra”. Este caso llamó la atención de las autoridades, lo mismo que la captura de la señora Cira Salgado, realizada el mismo día en un domicilio de la colonia López Portillo, en cuya pila fueron localizados como si estuvieran en una bodega, 2021 kilos de mariguana, 690 gramos de semilla de marihuana, líquidos precursores para la creación de enervantes, plástico y bolsas para empacar droga, y cuatro empacadoras a vacío. Lo que despertó el interés particular de las corporaciones y los investigadores fue lo que llamaron, el regreso de las tácticas legales de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”: “Esto lo veíamos entre 2005 y 2007, siempre está pendiente de la defensa de su gente, y en estos casos, es la primera vez que en situaciones similares, tenemos la intervención de un abogado en menos de 24 horas. Por cuestiones de seguridad y burocracia, en el caso de los secuestradores, la PEP y la PGJE tardaron más de 12 horas en concretar la consignación debido a que hubo un muerto, todavía se estaba redactando el parte informativo cuando llegó un amparo, de entrada, contra la incomunicación. Lo mismo pasó con la señora Salgado. En los dos casos intervino el mismo licenciado, Jesús Ramírez”, relató uno de los investigadores operativos.

Al cierre de edición de ZETA, la señora Salgado había recuperado su libertad, no así Benítez Payán.

http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez_Mas_criminales_de_Sanchez.html

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Policías arraigados, liberados

Por segunda semana consecutiva policías de Tijuana que fueron arraigados el 29 de diciembre de 2009 por supuestos nexos con el ex policía Gilberto Sánchez Guerrero, operador confeso de Raydel López y Teodoro García, acudieron a las oficinas de ZETA para declarar que son inocentes.

Al igual que su compañero Alfredo Moreno Cueva, los policías Sergio Fernández y Juan Carlos Patrón mostraron un documento de la Procuraduría General de la República, firmado por la Titular de la Mesa VIII de Averiguaciones Previas, Diana Ortiz, en la que se establece que no se encontraron indicios en su contra por lo que fueron liberados después de 65 días de arraigo el pasado 6 de marzo.

El problema que denunciaron es que a pesar de que la PGR dictaminó su inocencia, Sindicatura Municipal no los ha reinstalado en su puesto, ya que consideran como pruebas del “probable incumplimiento de los requisitos de permanencia” su ausencia durante los primeros 17 días que estuvieron arraigados, así como la nota periodística publicada por ZETA el 8 de enero de 2010 titulada “Corrupción hasta el cuello”.

“¿Cómo es posible que Sindicatura le dé más validez a una nota de ZETA que a un documento de la PGR?”, reclamo Sergio Fernández, quien aclaró que eso no le resta credibilidad al Semanario, pero sí a la investigación de Sindicatura.

Ambos agentes manifestaron que el arraigo y la publicación de la nota periodística afectaron su imagen ante su familia, sus amigos y sus vecinos, pero sobre todo su condición laboral.

“Yo no estoy buscando ningún pleito, yo sólo quiero que me den de nuevo mi trabajo porque yo no soy ningún delincuente, ningún traficante ni secuestrador; yo soy un policía y vivo de mi sueldo”, expresó enfadado Juan Carlos Patrón.

Ambos agentes aseguraron haber cumplido todos los requisitos de permanencia que exige la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, desde exámenes toxicológicos, de entorno social, de polígrafo y hasta los requeridos en las certificaciones de CALEA.

Ahora exhortan al Síndico Procurador, Héctor Magaña, a que reconsidere la suspensión preventiva que ha girado en su contra, ya que la misma PGR mostró que son inocentes.

http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez_Policias_arraigados_liberados.html

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Con sigilo y sin avisar a ninguna autoridad estatal, peritos de la SIEDO acudieron a Tijuana a practicar exámenes de ADN a familiares directos de personas que han sido desaparecidas por el narco en los últimos 9 años. De paso confirmaron que en el predio de Ojo de Agua encontraron los restos de 10 posibles víctimas de Santiago Meza “El Pozolero”, mientras que en la PGJE las investigaciones se encuentran detenidas.

Francisco Sandoval Alarcón

Sólo un piquete de aguja bastó para que 30 familias de Tijuana encontraran un poco de sosiego. El lunes 5 abril, peritos en genética de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) tomaron muestras de ADN a familiares directos de víctimas desaparecidas por el narco y dieron a conocer que encontraron los restos de 10 cuerpos en el predio de Ojo de Agua donde Santiago Meza López reconoció haber desintegrado en ácido cerca de 300 cuerpos por órdenes de Teodoro García Simental “El Teo”.

Los peritos actuaron con mucho sigilo. No avisaron a prensa, mucho menos informaron de sus actividades a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ni a sus compañeros de la Delegación de la PGR en Tijuana. Las pruebas se tomaron en el Cuartel Militar Morelos y sólo estuvieron presentes ellos y familiares de los desaparecidos.

Desde que salieron de la ciudad de México tenían la consigna de no solicitar la colaboración de ninguna autoridad ministerial en Tijuana, quienes también han practicado exámenes de ADN a los familiares, pero que no han mostrado avances en las indagatorias. La sospecha que siempre han tenido familiares de los desaparecidos es que la investigación no avanza en el ámbito local, porque ellos han denunciado que en la mayoría de las desapariciones documentadas, se presume la participación de policías o ex policías, esto por el modus operandi utilizado para privar de la libertad a las víctimas, con uniformes, armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Fernando Ocegueda Flores, padre del joven Fernando Ocegueda Ruelas, secuestrado el 10 de febrero de 2007 por un comando armado, fue uno de los que asistió al Cuartel Morelos el lunes 5 de abril. Lo hizo en apoyo de los familiares de las víctimas, pues a él los peritos de la SIEDO ya le habían practicado una prueba similar en octubre de 2009.

Crítico acérrimo de la falta de resultados por parte de las autoridades encargadas de investigar los casos, Fernando consideró que aun cuando la SIEDO encontró restos en la finca de “El Pozolero”, lo que podría “ser una muestra de que las investigaciones van por buen camino”, asegura que él y los otros familiares “no quitarán el dedo del renglón” para seguir clamando justicia. El siguiente paso: Encontrar pruebas para que la PGR establezca quiénes fueron los responsables de ordenar y cometer los asesinatos.

Tarea que hasta el momento ninguna autoridad en el ámbito local y federal, ha podido hacer.

No pierden la esperanza

Han pasado 3 años y dos meses y Don Fernando no pierde la esperanza de saber cuál fue el destino de su hijo Fernando, privado de la libertad por un comando armado. El muchacho no le debía nada a nadie y estudiaba la carrera de Ingeniera Industrial en el Tecnológico de Baja California. La única explicación que tiene su padre para entender lo sucedido es que a Fernando lo confundieron con el mayor de sus hijos, quien meses antes había tenido un problema con Alberto Cervantes Nieto, entonces vocalista del grupo Explosión Norteña, actualmente recluido en el penal federal de Puente Grande, Jalisco por vínculos con células del narcotráfico.

Todo se originó porque el hijo de Ocegueda Flores era novio de una estudiante de la UABC con la que terminó la relación, pero que semanas más tarde se convirtió en novia del vocalista, quien por esas fechas fue baleado cuando se encontraba ensayando con su grupo en sus oficinas del fraccionamiento Guaycura. También resultaron heridos otros dos integrantes del conjunto: José Guillermo Zavala y Joel Lara.

Tras el incidente registrado el 9 de agosto de 2006, Cervantes Nieto, quien quedó gravemente herido, acusó al mayor de los hermanos Ocegueda de ser la persona que lo baleó a él y sus compañeros de grupo, pero tras un careo que sostuvo el muchacho con los dos heridos, éstos aseguraron ante el Ministerio Público que no era la persona que los había agredido y que ni siquiera lo conocían. Seis meses más tarde, un comando armado secuestró a Fernando y su padre sospecha que lo pudieron haber privado de la libertad al confundirlo con su otro hijo, esto como una posible venganza de Alberto Cervantes.

Desde que “levantaron” al joven, Don Fernando ha investigado por su cuenta el posible destino que pudo haber tenido su hijo. La indiferencia y los oídos sordos que han tenido el ex procurador de justicia del Estado, Antonio Martínez Luna y el actual procurador Rommel Moreno, quien en tres años y dos meses no ha mostrado avances en las investigaciones del caso, lo convirtieron en promotor activo para que familiares de los desaparecidos se atrevan a denunciar las desapariciones ante la ley y la opinión pública.

En el tiempo que lleva su hijo desaparecido, se ha dado cuenta de que han sido muchas las autoridades ministeriales en el Estado y la Federación las que se han negado a investigar las cientos de desapariciones forzadas ocurridas en Tijuana y la zona costa del estado, todo bajo el argumento de que muchas de las víctimas tenían vínculos con miembros de la delincuencia organizada. De ahí que las acciones y los resultados obtenidos por la SIEDO renovaran de nuevo la flama de la esperanza en 30 familias que lo único que piden es saber cuál fue el destino de sus seres queridos.

Enérgico como es, Don Fernando promete no dejar de exigir justicia para esclarecer el caso de su hijo y el resto de los desaparecidos por el narco con el fin de pedir juicios contra los responsables de las privaciones. “Es el reto más grande, porque aun cuando se logre identificar los cuerpos a través de exámenes de genética, quedaría pendiente resolver quién ordenó los asesinatos. Santiago Meza dijo que nada más recibía los cuerpos y los disolvía. Ése era su trabajo. Pero quién ordenaba que fuera a recoger los cuerpos es lo que se debe resolver. Ya que se han encontrado restos queremos ir más allá, que se resuelva quién o quiénes fueron los responsables de los crímenes”.

Recordó que en el caso de “El Teo” y Raydel López Uriarte “El Muletas”, los narcotraficantes son investigados por sus vínculos con la delincuencia organizada, pero hasta el momento no se les ha podido comprobar formalmente que eran los que ordenaban asesinar y desaparecer a cientos de personas. Igual ocurría con operadores, enemigos de la organización y víctimas inocentes.

Más fincas y evidencias

Además de aplicar 30 nuevos exámenes de ADN, los peritos de la SIEDO informaron a los familiares de los desaparecidos que tras las excavaciones hechas en la finca donde Santiago Meza reconoció haber desintegrado en ácido 300 cuerpos, encontraron 10 diferentes restos óseos y no descartaron que pudieran existir más evidencias, pues los trabajos de genética forense que se practicaron en el terreno no concluyeron.

En las primeras excavaciones que hicieron los peritos de la SIEDO durante la primera semana de septiembre de 2009, encontraron una pileta donde presuntamente “El Pozolero” vaciaba la sosa cáustica (ácido) que utilizaba para desintegrar a sus víctimas y ésta no ha sido analizada a cabalidad.

La explicación que dieron los expertos forenses a los familiares es que la pileta expedía olores fétidos y dañinos, de ahí que optaran por realizar pequeños hoyos a su alrededor para que se escaparan los gases químicos. Una vez que finalice el proceso tumbarán la tapa de concreto y excavarán para tratar de ubicar más restos óseos.

Además, establecieron que “El Pozolero” pudo haber utilizado otras ocho propiedades para desintegrar los cuerpos de las víctimas de “El Teo” y sus socios. La SIEDO tiene ubicadas las propiedades y no descartan hacer excavaciones en los próximos meses. Antes, piensan utilizar un radar penetrante de tierra, llamado geo-radal que opera al instalarlo en la superficie de la tierra, a través de una perforación, desde un avión o un satélite.

El radar sirve para detectar y fotografiar: Tanques de almacenaje, líneas de servicios subterráneos, desechos peligrosos, tambores enterrados, plástico, cuerpos, armas, drogas, tuberías de plástico, de cemento, de asbesto, arcilla, metal y fósiles de dinosaurios. Otra cualidad es que se pueden obtener imágenes de hasta 20 metros de subsuelo.

Desconfianza o sigilo

Otro hecho que llamó la atención de los familiares, es que la SIEDO está practicando exámenes de ADN a pesar que la PGJE a través de la Fiscalía Especial para Desaparecidos, les ha practicado estas pruebas, lo que ven como una descoordinación porque hacen doble gasto y trabajo, pero además lo toman como una muestra de desconfianza hacia las autoridades ministeriales de Baja California.

“Lo indicado sería que los peritos de la PGR pidieran los resultados de las pruebas de ADN practicadas por la Procuraduría Estatal y así no repetir el trabajo. Eso sería lo lógico. Pero con esto se evidencia que no hay coordinación y si no la hay es porque no hay confianza y por ende no les van a pedir nada. Mejor mandan a su gente y practican sus exámenes y la investigación no se contamina”, sostuvo Fernando Ocegueda.

Otra posible causa para que la SIEDO haya decidido aplicar sus pruebas y no pedir las que hicieron los funcionarios de la PGJE, es que en la práctica no existen resultados, pues familiares de desaparecidos han denunciado que cuando acuden a la Fiscalía a exigir la integración de los exámenes a las averiguaciones previas, los servidores públicos les dicen que nos los encuentran o en el mejor de los casos les señalan “que están traspapelados”.

Pero la sombra de la desconfianza no sólo abarcó a las autoridades de la PGJE, sino también a los empleados de la Delegación de la PGR en Baja California. En octubre de 2009 cuando aplicaron las primeras 30 pruebas, los peritos de la SIEDO las hicieron en las instalaciones del Ejército y la Delegación Estatal de la PGR, algo que el lunes 5 de abril no ocurrió de esa manera.

La decisión no fue fortuita. Durante las reuniones en la ciudad de México que han tenido los integrantes de la Asociación Contra la Impunidad con autoridades de la PGR, los familiares de las víctimas manifestaron que se sentían “más seguros” acudiendo a practicarse pruebas de ADN al Cuartel Militar que a la Delegación Estatal de la Procuraduría.

Los familiares no olvidan que en esta última instancia siguen laborando los agentes del Ministerio Público que en muchas de ocasiones les han informado que no existen elementos para investigar los casos de sus familiares. De ahí que la SIEDO no los haya tomado en cuenta para realizar las nuevas pruebas con las que pretenden identificar a las posibles víctimas de Santiago Meza y de paso regresarle a las familias de las víctimas un poco de tranquilidad y de esperanza para saber el destino que tuvieron sus padres e hijos.

http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez_Encuentran_restos_oseos_en_finca_de_El_Pozolero.html

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Los muertos de
“El Ingeniero”

Ajustes de cuentas entre una célula de Fernando Sánchez Arellano y dos sobrevivientes de la estructura criminal de Teodoro García Simental, son los responsables de 114 asesinatos y 24 secuestros de febrero 2010 a la fecha. Las autoridades los conocen, les armaron expediente, incluso órdenes de aprehensión, pero no hay un solo detenido. Los crímenes son contra narcomenudistas pues el CAF quiere tener de nueva cuenta el control sobre la venta de droga

Investigaciones ZETA

No les afecta el trabajo coordinado del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California. Tampoco tienen el pretexto del enfrentamiento entre células o la lucha de cárteles por el territorio, sin embargo, en Tijuana, los criminales al servicio de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” siguen matando y secuestrando impunemente.

Las investigaciones federales y estatales tienen presuntos responsables identificados, órdenes de aprehensión solicitadas, pero… ningún detenido.

114 asesinatos y 24 secuestros cometidos de febrero a la fecha, después de la captura de los principales líderes de la célula de Teodoro García Simental, evidencian la creciente actividad de los grupos homicidas de Sánchez.

De acuerdo al historial balístico, sólo el 14 por ciento de los recientes asesinatos fueron cometidos con armas identificadas con las células de “El Tres”. Pero en esos casos, los homicidas han actuado indiscriminadamente, lo mismo han ejecutado hombres que mujeres y menores de edad.

El secretario de Seguridad del Estado, Daniel de la Rosa, y el procurador Rommel Moreno Manjarrez, han declarado que aún existen delincuentes del “Teo” en libertad, sin embargo las pruebas periciales muestran que su actividad en los últimos dos meses ha sido limitada.

De acuerdo a datos ministeriales e investigaciones de las áreas de inteligencia, los asesinatos del lado de “El Ingeniero” los están ordenando: Juan Sillas Rocha “El Ruedas”, Próspero Medina Ontiveros, y Jorge Barranco “El Pepito”.

Por el lado del grupo que tenía García Simental, continúan asesinando por conservar la plaza: Juan Soto Gastélum “El Tigre” y Jesús Israel de la Cruz López “El Tomate”.

Sillas está fuera del estado y “El Tigre” controla desde Mexicali, donde está protegido por el cártel de Sinaloa y su compadrazgo con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sus nombres y parte de sus delitos, ya están incluidos en las 22 averiguaciones previas que del 13 de febrero a la fecha, están llevando de manera conjunta la Subprocuraduría de Investigación Especializad en Delincuencia Organizada y la Procuraduría de Baja California.

Conforme a las declaraciones de algunos de los sobrevivientes en las balaceras, y a los datos aportados por personas allegadas a las víctimas asesinadas, las ejecuciones se están dando por tres motivos:

1.- Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” está tomando el control y reordenando el narcomenudeo en Tijuana. Y sus grupos están intentando “exterminar” al grupo rival. Económicamente el recurso sí es importante en la capitalización de las células locales.

2.- Enfrentamientos entre distribuidores de droga al menudeo del mismo grupo criminal que se atacan por robos de enervantes.

3.- Personas inocentes, asesinadas por motivos diferentes al crimen organizado, venganzas personales, o porque las confunden.

Continúa la pugna

Entre los casos atendidos por las procuradurías, federal y estatal, entre febrero y marzo, están registradas dos balaceras, una en la colonia 3 de Octubre y otra en la Sánchez Taboada, en las que hubo muertos y lesionados.

En las investigaciones iniciadas están consignadas las declaraciones de por lo menos tres víctimas que sobrevivieron, todos admitieron ser vendedores de droga que durante años “pagaron piso” a los matones de Raydel López Uriarte.

Informaron que una semana antes de los ataques recibieron la visita de un grupo armado, que llegaron diciéndoles “Somos gente de El Ingeniero” y les advirtieron que en adelante, ellos controlarían la distribución y el paso de droga en la zona y que más valía que se “alinearan”.

Siete días después fueron atacados.

Los datos de otro incidente de enfrentamiento entre los delincuentes que operaban para Raydel López Uriarte “El Muletas” y las células delictivas de Juan Sillas se recibieron de manera extraoficial en la áreas de inteligencia del estado y lo están investigando

De acuerdo a la denuncia, el enfrentamiento se suscitó la madrugada del 18 de abril en una casa de la delegación La Mesa, quien reportó estaban reunidos cinco elementos de una célula de Sillas que fueron atacados por matones de “El Teo”. De ese enfrentamiento, tres logaron huir, pero el ex policía municipal de Tijuana, Leonel Alonso Zambada López, no tuvo oportunidad de hacerlo; fue privado de la libertad por sus agresores, lo golpearon y lo asesinaron para después tirar su cuerpo en la avenida De las Rosas del fraccionamiento Moreno.

Entre los que se salvaron, identificaron a “El Chapito”, uno de los principales operadores de Sillas.

Los informantes aseguraron que esa madrugada, este criminal fue capturado por un policía municipal, lo detuvo armado y lo presentó ante las autoridades ministeriales en La Mesa.

Ahí entregó a “El Chapito” bajo el nombre de Gustavo Leal. Sin embargo, el informe de estos hechos se perdió en el parte informativo porque al final “hasta el arma eliminaron. Es que ellos manejan mucho dinero”.

Y el 24 de marzo, elementos del crimen organizado retuvieron a su familia por unas horas buscando al policía municipal, sin embargo esta versión fue negada por la autoridad. La escueta respuesta de la Procuraduría fue que el Grupo Antisecuestros atendió el asunto de la privación de la familia del policía, que el agente sí refirió sospechar que la agresión podría deberse a una detención que hizo una semana atrás, pero que no mencionó a ningún Leal o “Chapito”

El municipal también explicó que no creía que fueran tras él, porque su familia fue atacada a unas cuadras de la casa familiar, mientras él estaba durmiendo en el inmueble con las puertas abiertas, y si hubieran querido ir por él, nada se los habría impedido.

A pesar de estos datos, los grupos especiales continúan investigando.

Los asesinatos

De las 63 ejecuciones registradas en el mes de febrero, conforme al análisis balístico, únicamente en cuatro hechos se utilizaron armas identificadas con la célula de García, en estas balaceras, 9 hombres fueron asesinados.

En marzo, de los 49 asesinatos enlistados hasta el jueves 25 de marzo, sólo dos coinciden con el expediente de las armas usadas de “El Teo”.

Conforme a las teorías manejadas por la procuraduría, las víctimas de estas armas, serían operadores de Fernando Sánchez Arellano, sin embargo en los expedientes no han plasmado elementos que acrediten, ni su actividad criminal, ni la filiación a “El Ingeniero”.

El 13 de febrero, pasada la una de la madrugada, en el interior de una casa en la calle Melchor Ocampo de la colonia Niño Artillero en la delegación Sánchez Taboada, fueron heridos a balazos Marisela Martínez y Sebastián de la Cruz, la mujer falleció. A pesar de que una de las víctimas sigue viva, no hay avances en la indagatoria.

Las armas utilizadas para este operativo homicida se usaron en tres asesinatos, uno de 2008, otro de 2009 y uno más en 2010.

El mismo día, hubo tres ejecuciones más, supuestamente perpetradas por grupo rival, gente de “El Ingeniero”. En un domicilio de la Presa Rural encontraron una osamenta, la extremidad de un cuerpo humano completamente calcinada, otros dos hombres fueron ejecutados en el cañón Johnson y en la colonia Hidalgo.

Al día siguiente otras armas ya identificadas fueron usadas en el triple homicidio de tres hombres en la calle Juan de la Barrera en Los Arenales.

Por el otro bando, intentaron asesinar en el fraccionamiento Mariano Matamoros a Daniel Armando Castillo, que fue lesionado.

Pasaron seis días de homicidios, en los que mataron a hombres, mujeres y hasta un menor de edad, los asesinos operaron de forma diferente: en algunos casos atacaron a carros en movimiento; otros entraron a las casas de las víctimas; o los interceptaron en la calle, en muy pocos hubo privación y tortura.

Los hechos se dieron mayormente en el este, El Florido, el Mariano Matamoros, Valle Redondo, La Arboleda, pero también se encontraron cuerpos en La Remosa y el Fraccionamiento Chapultepec.

En este periodo se usaron rifles y pistolas calibres 9 milímetros, escuadras 40 y .38, pero de acuerdo a los casquillos encontrados, ninguna de las armas había sido usada antes en otro delito.

Fue hasta el 20 de febrero, que armamento identificado con otros cuatro crímenes atribuidos a los sicarios de López Uriarte, fue usado para cometer un doble homicidio en el Pedregal de Santa Julia.

Las balas localizadas en el lugar coincidieron con el atentado en contra de elementos del Ejército Mexicano la tarde del sábado 28 de noviembre de 2009 en la gasolinera ubicada sobre el libramiento Rosas Magallón, en las inmediaciones del Parque Industrial Pacífico de la delegación San Antonio de los Buenos. En un triple homicidio cometido en un Taller de Motocicletas en el bulevar Benítez, y dos asesinatos más en las colonias Leandro Valle y Reforma, todos de 2009.

Al día siguiente las volvieron a usar para matar a Fernando Vargas, Álvaro González y Eduardo Serrano, los cuerpos quedaron sobre la vía pública en la calle Río Lerma de la colonia Mérida en la delegación La Presa. Para este delito también emplearon rifles usados para asesinar a cinco personas en enero.

En marzo, la actividad homicida de “El Tigre” y “El Tomate”, como vestigios de García Simental, se vio disminuida. De los 51 asesinatos registrados hasta la tarde del jueves 25 de marzo, sólo dos homicidios y una balacera han sido relacionados con armas de “El Tres”.

El 2 de marzo, una casa en la colonia Niño Artillero fue baleada, no hubo muerto ni heridos, pero los fusiles implicados también están registrados en los homicidios de: un policía en el bulevar Ferrocarril, dos más en el Ejido Francisco Villa, otros tres agentes en el Oxxo de Playas de Tijuana, uno en una fábrica en La Gloria, y cuatro oficiales en el Oxxo del Murúa. Todos en 2009.

Además de los ataques a policías, se usaron para matar a un hombre que después colgaron en el Puente Tecnológico, el ataque a una familia en el Fraccionamiento Los Ángeles donde hubo cuatro muertos y dos lesionados y 12 asesinatos más.

Las víctimas de las armas de “El Teo” en marzo han sido: un hombre de entre 40 y 45 años baleado a las 14:00 horas del 11 de marzo en la calle Popocatépetl entre La Sierra y Cerro Colorado, del Fraccionamiento La Sierra, quedó muerto en el interior de un pick up Dodge Ram azul con gris, con placas de California; y otro sujeto acribillado el 15 de marzo en el fraccionamiento Los Altos.

En los 49 homicidios restantes, los casquillos encontrados en las escenas del crimen no tienen antecedentes en la dirección de Periciales de la Procuraduría del Estado.

Respecto a los homicidios sucedidos entre febrero y marzo, el subprocurador explicó que de acuerdo a las indagatorias hechas del entorno de las víctimas: “El 90 por ciento de las muertes corresponden al pleitos entre narcomenudistas y a la continuidad de la pugna que continúa entre los grupos del crimen organizado.

Sin embargo admitió que sí hay asesinatos que por ser cometidos con tácticas similares, son confundidas con ejecuciones. “Estos casos son mínimos, representan un 10 por ciento y la mayoría concluyen con la identificación y captura de los responsables”.

En cuanto a los expedientes consignados, Gómez informó que en lo que va de 2010, la PGJE ha resuelto 24 actas, ocho de homicidios cometidos en 2009 y 16 de los 246 asesinatos ejecutados este año. “Hay órdenes de aprehensión solicitadas, y en algunos casos obsequiadas, pero no hay muchos detenidos”, reconoció.

Secuestros

De acuerdo al compendio estadístico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el mes de enero se denunciaron en Tijuana, siete secuestros y 27 privaciones de la libertad. Los primeros ocurrieron en las delegaciones de Cerro Colorado, Zona Centro, Otay, Playas y San Antonio. Las privaciones se cometieron en toda la ciudad, pero La Presa tuvo el mayor registro con seis denuncias.

En febrero la Procuraduría del Estado tiene denunciados 14 secuestros, aunque en seis de ellos aún no ha habido solicitud de rescate. Y en lo que va de marzo las estadísticas sólo registran tres casos.

A pesar de los 24 secuestros y 27 privaciones admitidas, la autoridad aseguró que esta actividad ha disminuido y sólo el 50 por ciento de los hechos registrados como secuestros están relacionados con criminales organizados.

“La mitad de los asuntos de este año, se han tratado, también de delincuencia organizada, pero no de homicidas, sino personas dedicadas al tráfico de personas que enganchan a sus víctimas, los retienen y piden 2 mil o mil 500 dólares a sus familias para liberarlos. Antes no estábamos atendiendo estos asuntos”, declaró Fermín Gómez, subprocurador de la Unidad Estatal Contra la Delincuencia Organizada (UECO).

http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Principal.html

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