El Blog De Tijuana

Con sigilo y sin avisar a ninguna autoridad estatal, peritos de la SIEDO acudieron a Tijuana a practicar exámenes de ADN a familiares directos de personas que han sido desaparecidas por el narco en los últimos 9 años. De paso confirmaron que en el predio de Ojo de Agua encontraron los restos de 10 posibles víctimas de Santiago Meza “El Pozolero”, mientras que en la PGJE las investigaciones se encuentran detenidas.

Francisco Sandoval Alarcón

Sólo un piquete de aguja bastó para que 30 familias de Tijuana encontraran un poco de sosiego. El lunes 5 abril, peritos en genética de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) tomaron muestras de ADN a familiares directos de víctimas desaparecidas por el narco y dieron a conocer que encontraron los restos de 10 cuerpos en el predio de Ojo de Agua donde Santiago Meza López reconoció haber desintegrado en ácido cerca de 300 cuerpos por órdenes de Teodoro García Simental “El Teo”.

Los peritos actuaron con mucho sigilo. No avisaron a prensa, mucho menos informaron de sus actividades a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ni a sus compañeros de la Delegación de la PGR en Tijuana. Las pruebas se tomaron en el Cuartel Militar Morelos y sólo estuvieron presentes ellos y familiares de los desaparecidos.

Desde que salieron de la ciudad de México tenían la consigna de no solicitar la colaboración de ninguna autoridad ministerial en Tijuana, quienes también han practicado exámenes de ADN a los familiares, pero que no han mostrado avances en las indagatorias. La sospecha que siempre han tenido familiares de los desaparecidos es que la investigación no avanza en el ámbito local, porque ellos han denunciado que en la mayoría de las desapariciones documentadas, se presume la participación de policías o ex policías, esto por el modus operandi utilizado para privar de la libertad a las víctimas, con uniformes, armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Fernando Ocegueda Flores, padre del joven Fernando Ocegueda Ruelas, secuestrado el 10 de febrero de 2007 por un comando armado, fue uno de los que asistió al Cuartel Morelos el lunes 5 de abril. Lo hizo en apoyo de los familiares de las víctimas, pues a él los peritos de la SIEDO ya le habían practicado una prueba similar en octubre de 2009.

Crítico acérrimo de la falta de resultados por parte de las autoridades encargadas de investigar los casos, Fernando consideró que aun cuando la SIEDO encontró restos en la finca de “El Pozolero”, lo que podría “ser una muestra de que las investigaciones van por buen camino”, asegura que él y los otros familiares “no quitarán el dedo del renglón” para seguir clamando justicia. El siguiente paso: Encontrar pruebas para que la PGR establezca quiénes fueron los responsables de ordenar y cometer los asesinatos.

Tarea que hasta el momento ninguna autoridad en el ámbito local y federal, ha podido hacer.

No pierden la esperanza

Han pasado 3 años y dos meses y Don Fernando no pierde la esperanza de saber cuál fue el destino de su hijo Fernando, privado de la libertad por un comando armado. El muchacho no le debía nada a nadie y estudiaba la carrera de Ingeniera Industrial en el Tecnológico de Baja California. La única explicación que tiene su padre para entender lo sucedido es que a Fernando lo confundieron con el mayor de sus hijos, quien meses antes había tenido un problema con Alberto Cervantes Nieto, entonces vocalista del grupo Explosión Norteña, actualmente recluido en el penal federal de Puente Grande, Jalisco por vínculos con células del narcotráfico.

Todo se originó porque el hijo de Ocegueda Flores era novio de una estudiante de la UABC con la que terminó la relación, pero que semanas más tarde se convirtió en novia del vocalista, quien por esas fechas fue baleado cuando se encontraba ensayando con su grupo en sus oficinas del fraccionamiento Guaycura. También resultaron heridos otros dos integrantes del conjunto: José Guillermo Zavala y Joel Lara.

Tras el incidente registrado el 9 de agosto de 2006, Cervantes Nieto, quien quedó gravemente herido, acusó al mayor de los hermanos Ocegueda de ser la persona que lo baleó a él y sus compañeros de grupo, pero tras un careo que sostuvo el muchacho con los dos heridos, éstos aseguraron ante el Ministerio Público que no era la persona que los había agredido y que ni siquiera lo conocían. Seis meses más tarde, un comando armado secuestró a Fernando y su padre sospecha que lo pudieron haber privado de la libertad al confundirlo con su otro hijo, esto como una posible venganza de Alberto Cervantes.

Desde que “levantaron” al joven, Don Fernando ha investigado por su cuenta el posible destino que pudo haber tenido su hijo. La indiferencia y los oídos sordos que han tenido el ex procurador de justicia del Estado, Antonio Martínez Luna y el actual procurador Rommel Moreno, quien en tres años y dos meses no ha mostrado avances en las investigaciones del caso, lo convirtieron en promotor activo para que familiares de los desaparecidos se atrevan a denunciar las desapariciones ante la ley y la opinión pública.

En el tiempo que lleva su hijo desaparecido, se ha dado cuenta de que han sido muchas las autoridades ministeriales en el Estado y la Federación las que se han negado a investigar las cientos de desapariciones forzadas ocurridas en Tijuana y la zona costa del estado, todo bajo el argumento de que muchas de las víctimas tenían vínculos con miembros de la delincuencia organizada. De ahí que las acciones y los resultados obtenidos por la SIEDO renovaran de nuevo la flama de la esperanza en 30 familias que lo único que piden es saber cuál fue el destino de sus seres queridos.

Enérgico como es, Don Fernando promete no dejar de exigir justicia para esclarecer el caso de su hijo y el resto de los desaparecidos por el narco con el fin de pedir juicios contra los responsables de las privaciones. “Es el reto más grande, porque aun cuando se logre identificar los cuerpos a través de exámenes de genética, quedaría pendiente resolver quién ordenó los asesinatos. Santiago Meza dijo que nada más recibía los cuerpos y los disolvía. Ése era su trabajo. Pero quién ordenaba que fuera a recoger los cuerpos es lo que se debe resolver. Ya que se han encontrado restos queremos ir más allá, que se resuelva quién o quiénes fueron los responsables de los crímenes”.

Recordó que en el caso de “El Teo” y Raydel López Uriarte “El Muletas”, los narcotraficantes son investigados por sus vínculos con la delincuencia organizada, pero hasta el momento no se les ha podido comprobar formalmente que eran los que ordenaban asesinar y desaparecer a cientos de personas. Igual ocurría con operadores, enemigos de la organización y víctimas inocentes.

Más fincas y evidencias

Además de aplicar 30 nuevos exámenes de ADN, los peritos de la SIEDO informaron a los familiares de los desaparecidos que tras las excavaciones hechas en la finca donde Santiago Meza reconoció haber desintegrado en ácido 300 cuerpos, encontraron 10 diferentes restos óseos y no descartaron que pudieran existir más evidencias, pues los trabajos de genética forense que se practicaron en el terreno no concluyeron.

En las primeras excavaciones que hicieron los peritos de la SIEDO durante la primera semana de septiembre de 2009, encontraron una pileta donde presuntamente “El Pozolero” vaciaba la sosa cáustica (ácido) que utilizaba para desintegrar a sus víctimas y ésta no ha sido analizada a cabalidad.

La explicación que dieron los expertos forenses a los familiares es que la pileta expedía olores fétidos y dañinos, de ahí que optaran por realizar pequeños hoyos a su alrededor para que se escaparan los gases químicos. Una vez que finalice el proceso tumbarán la tapa de concreto y excavarán para tratar de ubicar más restos óseos.

Además, establecieron que “El Pozolero” pudo haber utilizado otras ocho propiedades para desintegrar los cuerpos de las víctimas de “El Teo” y sus socios. La SIEDO tiene ubicadas las propiedades y no descartan hacer excavaciones en los próximos meses. Antes, piensan utilizar un radar penetrante de tierra, llamado geo-radal que opera al instalarlo en la superficie de la tierra, a través de una perforación, desde un avión o un satélite.

El radar sirve para detectar y fotografiar: Tanques de almacenaje, líneas de servicios subterráneos, desechos peligrosos, tambores enterrados, plástico, cuerpos, armas, drogas, tuberías de plástico, de cemento, de asbesto, arcilla, metal y fósiles de dinosaurios. Otra cualidad es que se pueden obtener imágenes de hasta 20 metros de subsuelo.

Desconfianza o sigilo

Otro hecho que llamó la atención de los familiares, es que la SIEDO está practicando exámenes de ADN a pesar que la PGJE a través de la Fiscalía Especial para Desaparecidos, les ha practicado estas pruebas, lo que ven como una descoordinación porque hacen doble gasto y trabajo, pero además lo toman como una muestra de desconfianza hacia las autoridades ministeriales de Baja California.

“Lo indicado sería que los peritos de la PGR pidieran los resultados de las pruebas de ADN practicadas por la Procuraduría Estatal y así no repetir el trabajo. Eso sería lo lógico. Pero con esto se evidencia que no hay coordinación y si no la hay es porque no hay confianza y por ende no les van a pedir nada. Mejor mandan a su gente y practican sus exámenes y la investigación no se contamina”, sostuvo Fernando Ocegueda.

Otra posible causa para que la SIEDO haya decidido aplicar sus pruebas y no pedir las que hicieron los funcionarios de la PGJE, es que en la práctica no existen resultados, pues familiares de desaparecidos han denunciado que cuando acuden a la Fiscalía a exigir la integración de los exámenes a las averiguaciones previas, los servidores públicos les dicen que nos los encuentran o en el mejor de los casos les señalan “que están traspapelados”.

Pero la sombra de la desconfianza no sólo abarcó a las autoridades de la PGJE, sino también a los empleados de la Delegación de la PGR en Baja California. En octubre de 2009 cuando aplicaron las primeras 30 pruebas, los peritos de la SIEDO las hicieron en las instalaciones del Ejército y la Delegación Estatal de la PGR, algo que el lunes 5 de abril no ocurrió de esa manera.

La decisión no fue fortuita. Durante las reuniones en la ciudad de México que han tenido los integrantes de la Asociación Contra la Impunidad con autoridades de la PGR, los familiares de las víctimas manifestaron que se sentían “más seguros” acudiendo a practicarse pruebas de ADN al Cuartel Militar que a la Delegación Estatal de la Procuraduría.

Los familiares no olvidan que en esta última instancia siguen laborando los agentes del Ministerio Público que en muchas de ocasiones les han informado que no existen elementos para investigar los casos de sus familiares. De ahí que la SIEDO no los haya tomado en cuenta para realizar las nuevas pruebas con las que pretenden identificar a las posibles víctimas de Santiago Meza y de paso regresarle a las familias de las víctimas un poco de tranquilidad y de esperanza para saber el destino que tuvieron sus padres e hijos.

http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez_Encuentran_restos_oseos_en_finca_de_El_Pozolero.html